El sistema financiero argentino ostenta el nivel de bancarización más bajo de la región. Esta situación tiene múltiples causas y una de ellas es la sobrerregulación económica del sector financiero, lo que se suma a la permanente inestabilidad macroeconómica y las tasas reales muchas veces negativas. Se denominan “sobrerregulaciones” a aquellas que exceden las regulaciones prudenciales (en línea con Basilea) y se convierten en medidas con fines de intervención en la economía. Ese tipo de normativas, que se alejan de las políticas orientadas al mercado, atentan contra el desarrollo y la estabilidad del sistema financiero.

En ese sentido, el BCRA ha tomado diversas medidas que van más allá del objetivo de mantener la estabilidad financiera en lo referente a la solvencia y liquidez de las entidades financieras. Si bien muchas de esas medidas inicialmente se tomaron en el contexto de la pandemia, se mantuvieron e incluso se profundizaron una vez superados los efectos de la misma.

Dentro de las medidas se encuentra la fijación de tasas pasivas mínimas. Esta obligatoriedad a fijar la tasa de los plazos fijos por encima del precio de mercado genera enormes distorsiones en el sistema financiero, entre las que se destaca el encarecimiento del costo de fondeo y el acortamiento de los plazos, ya que la curva de rendimientos tiene pendiente negativa.

En paralelo, el BCRA también fijó en diversas ocasiones tasas máximas para financiaciones por debajo del precio del mercado. Estas medidas distorsionan al sistema financiero, ya que obliga a que se otorguen préstamos a tasas más baratas que lo que debería ser, generando que los tomadores de crédito a tasas de mercado sientan que están pagando más caro cuando no es así. Como en todo mercado, las tasas máximas en determinado producto generan desabastecimiento, lo que se profundiza en un mercado como el de créditos. Más aún, en este mercado, las tasas máximas generan exclusión financiera, ya que para mantener una gestión de riesgo responsable las entidades se ven forzadas a otorgar los créditos a tasas baratas a sus clientes más seguros, por lo que termina excluyendo y generando menos crédito en general. Si esta medida convive con tasas mínimas al costo de fondeo, además se podría perjudicar la rentabilidad del sistema y generar arbitraje en los usuarios.

Desde ADEBA se realizaron gestiones ante las autoridades del BCRA a efectos de que esa institución comience a desandar el camino de las regulaciones de tasas, lo que dará lugar a una virtuosa dinámica de mercado, en un marco de adecuada competencia y transparencia, lo que permitirá que los bancos puedan llevar adelante una gestión acorde a los riesgos involucrados, buscando un adecuado equilibrio en el mercado, para que la banca pueda cumplir su rol en el desarrollo económico del país de una manera eficiente.

El BCRA continuó con la denominada Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva, que obliga a las entidades a financiar por un monto determinado a empresas MiPymes orientando el crédito hacia determinadas actividades y fijando tasas máximas. Las entidades debieron aplicar determinada cantidad de recursos al otorgamiento de estas asistencias. Si bien la norma, al igual que las anteriores, surgió en un contexto de crisis por pandemia, una vez retomada la normalidad, no se ajustó la medida. Este tipo de regulaciones, si bien en un principio pueden generar que los usuarios reciban créditos blandos, plantea desafíos importantes para el sistema financiero, ya que generan desequilibrios en el mercado, asignación ineficiente de recursos y el defecto de gestión proactiva de los riesgos por parte de las entidades afectan la estabilidad financiera a largo plazo. Desde ADEBA se impulsa la reversión de estas medidas para que el sistema financiero y la economía en general retomen las políticas de crédito virtuosas que se traducen en crecimiento económico e inclusión financiera, al poder gestionarse los criterios de elegibilidad, tasas de interés y plazos de repago.

Además, el BCRA continuó con medidas que implican obligatoriedad de ofrecer ciertos productos y servicios de manera gratuita, como por ejemplo depósito y extracción de efectivo sin costo ni límites. Durante el ejercicio 2023, ADEBA continuó insistiendo ante el BCRA con la adecuación de estas regulaciones, para limitar la gratuidad ya que genera incentivos a utilizar efectivo en lugar de dinero electrónico y además encarece enormemente los costos operativos del sistema financiero.

En la misma línea, se pueden encontrar en la regulación vigente numerosas medidas que afectan el normal desenvolvimiento de los mercados, con las implicancias negativas para el sistema financiero en su conjunto y la economía en general. A modo de ejemplo pueden citarse entre otras, la obligación de pagar a los comercios las tarjetas de créditos antes de que el consumidor pague el resumen (en 8, 10 o 18 días hábiles según el tipo de comercio), obligación de mantener requisitos de efectivos mínimos sin remuneración, regulaciones sobre gestión, guarda y transporte de efectivo y billetes deteriorados, obligaciones excesivas en los requisitos para otorgamiento de créditos, prohibiciones para operar determinados productos tales como los vinculados con “cryptoactivos”, entre otras. Estas medidas pueden provocar incremento de costos operativos de los bancos, teniendo en cuenta cuestiones vinculadas a la implementación y cumplimiento de las disposiciones normativas, asociado a riesgos de incumplimiento regulatorio con el consecuente riesgo reputacional. Asimismo, este tipo de medidas pueden desalentar la innovación ya que las entidades deben destinar recursos adicionales para los desarrollos necesarios fruto de estas regulaciones excesivas, lo que se traduce en falta de competencia y con ello de crecimiento del mercado. 

En consonancia con la misión de ADEBA, durante el ejercicio se han realizado multiplicidad de gestiones con el objetivo de eliminar este exceso regulatorio no prudencial, lo que proveerá un terreno fértil para el desarrollo de la banca, dotando al sistema de mayor eficiencia.