Los presidentes de la Unión Industrial Argentina Héctor Méndez, de la Cámara Argentina de Comercio Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, de la Asociación de Bancos Argentinos Jorge Brito, de la Sociedad Rural  Argentina Hugo Biolcati y de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi, vemos con marcada preocupación las designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

No se trata de cuestionar la formación académica ni la carrera judicial, posiblemente intachable de los magistrados que se promueve. Se trata de subrayar que es una de las bases de la equidad y la igualdad ante la ley que quienes deban juzgar los actos de los ciudadanos sean claramente independientes de las partes que eventualmente litiguen. Se trata nada menos que de Jueces de la Nación, que deben garantizar el imperio de la ley y no la voluntad de un sector de la sociedad.

Además, esta actitud parece enrolarse en una escalada más del método de acción directa, por el cual se llevan a cabo intimidaciones y actos de violencia, como medio para obtener objetivos particulares, vulnerando la ley y el derecho de personas, sindicatos y empresas.

Asimismo, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante expresiones de dirigentes de algunos sectores sindicales que hacen públicas, con inusual anticipación, lo que serían sus pretensiones salariales en futuras paritarias, mencionando aumentos de una magnitud que no se compadece con la realidad.

Nos corresponde, como hemos hecho en otras oportunidades, llamar la atención acerca de lo perjudicial que es para superar este clima que nos preocupa, y preocupa a la señora Presidenta, promover a quienes tienen posición tomada frente a temas como la participación de los trabajadores, la legislación sobre accidentes de trabajo, e incluso la metodología de protesta, cuando inexorablemente deberán pronunciarse, ya en su carácter de magistrados del fuero, acerca de estos mismos temas, fallar en conflictos y pronunciarse ante disputa de intereses.

Nos preocupa que exponentes de posiciones contrapuestas, sean juez y parte en las decisiones finales que, de esta manera –aún en el caso que fuesen justas e irreprochables—quedarán heridas por la duda de la parcialidad, dañando el imprescindible clima de confianza en la Justicia que todos debemos defender.